¿Qué es el Trato Directo?

El Trato Directo es un mecanismo de compra pública que permite a un organismo del Estado contratar a un proveedor específico sin someter la adquisición a un proceso competitivo abierto. En vez de publicar bases y esperar ofertas de cualquier interesado, el organismo negocia directamente con uno o más proveedores previamente identificados.

Es importante entender desde el inicio una idea central: el Trato Directo no es una alternativa cualquiera dentro del sistema de compras públicas chileno. Es una excepción, y como toda excepción, solo puede aplicarse cuando la ley lo permite expresamente y bajo causales acotadas. La regla general, por mandato legal, es la licitación pública.

Marco legal: Ley 19.886 y su reglamento

El Trato Directo está regulado en la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y, con mayor detalle operativo, en su reglamento, el Decreto Supremo N°250. El artículo 8 de la ley establece que la licitación pública es el procedimiento de contratación por regla general, y que el Trato Directo solo procede en los casos fundados que la propia normativa señala.

Esta jerarquía no es una formalidad menor: significa que un organismo público no puede optar por el Trato Directo simplemente porque le resulta más cómodo, más rápido o porque ya conoce a un proveedor de confianza. Debe existir una causal legal específica, y el organismo debe justificarla mediante una resolución fundada que explique por qué, en ese caso particular, no correspondía licitar.

Causales que permiten el Trato Directo

El reglamento de la Ley 19.886 contempla un listado de causales bajo las cuales un organismo puede recurrir al Trato Directo. Entre las más utilizadas en la práctica se encuentran:

• Licitación pública o privada anterior declarada desierta: cuando un proceso de licitación no recibió ofertas o ninguna de las recibidas resultó admisible
• Emergencia, urgencia o imprevisto: situaciones que hacen impracticable esperar los plazos de una licitación pública, como una falla crítica de infraestructura o una contingencia sanitaria
• Proveedor único en el mercado: cuando por razones técnicas, de propiedad intelectual, patentes o exclusividad de representación, solo existe un proveedor capaz de satisfacer el requerimiento
• Servicios de naturaleza confidencial o vinculados a la seguridad del Estado: donde la publicidad del proceso podría comprometer el interés público
• Consultorías especializadas de confianza: cuando la naturaleza del encargo requiere de un proveedor cuya idoneidad personal es determinante, y no resulta razonable abrir una competencia amplia
• Convenios entre organismos públicos: contrataciones entre distintas reparticiones del Estado que no compiten con el sector privado
• Complementación de un contrato o equipo ya adquirido: por razones de compatibilidad técnica con bienes o servicios contratados previamente
• Situaciones de emergencia, catástrofe o calamidad pública declaradas formalmente por la autoridad competente

Estas causales no son de libre interpretación: cada una tiene requisitos y matices específicos que la jurisprudencia administrativa y los dictámenes de la Contraloría han ido precisando con los años. Un organismo que invoca 'proveedor único', por ejemplo, generalmente debe poder acreditar que efectivamente hizo una indagación de mercado razonable antes de concluir que no existían alternativas.

¿Cómo se formaliza un Trato Directo en Mercado Público?

Aunque no exista competencia abierta, el Trato Directo no ocurre fuera de la plataforma ni en secreto. Todo Trato Directo debe registrarse en Mercado Público, identificado bajo esa modalidad específica, junto con la resolución fundada que lo autoriza. Esto significa que cualquier persona puede consultar, después de realizada la compra, qué organismo contrató, a qué proveedor, por qué monto y bajo qué causal legal.

En muchos casos, especialmente en aquellos donde la causal lo permite, el organismo igualmente solicita cotizaciones a más de un proveedor antes de decidir, aunque no se trate de una licitación formal con bases públicas. Esta práctica, cuando es posible, ayuda a resguardar el uso eficiente de los recursos públicos incluso dentro de un mecanismo no competitivo.

La fiscalización de la Contraloría General de la República

Debido a que el Trato Directo es una excepción a los principios de libre concurrencia e igualdad, está sujeto a un escrutinio más estricto que una licitación pública ordinaria. Para determinados montos y organismos, las resoluciones que autorizan un Trato Directo deben pasar por el trámite de toma de razón ante la Contraloría, que revisa la legalidad del acto antes de que produzca efectos.

La Contraloría también emite dictámenes que interpretan de forma vinculante el alcance de cada causal, y con cierta frecuencia representa (es decir, rechaza) resoluciones de Trato Directo que considera insuficientemente fundadas. Esta fiscalización es una de las razones por las que, en la práctica, los organismos evitan recurrir a este mecanismo salvo que exista una justificación sólida y bien documentada.

¿Qué significa esto para tu empresa como proveedor?

Para la mayoría de los proveedores, el camino de entrada al Estado seguirá siendo la licitación pública o la Compra Ágil. Sin embargo, existen escenarios donde el Trato Directo puede representar una oportunidad legítima:

• Si tu empresa ofrece un producto o tecnología con representación exclusiva en Chile, puedes ser candidato a un Trato Directo por causal de proveedor único
• Si ya ejecutaste un contrato con un organismo y este necesita complementar o dar continuidad a ese servicio por razones técnicas, podrías ser considerado sin pasar por una nueva licitación
• Si tu empresa presta servicios de consultoría altamente especializados, donde la trayectoria y confianza profesional son determinantes, el organismo podría fundamentar un Trato Directo contigo
• Si te enteras de que un organismo enfrenta una situación de emergencia dentro de tu rubro (por ejemplo, una falla de infraestructura crítica), puedes ofrecer tu disponibilidad inmediata

En ninguno de estos casos el proveedor 'solicita' un Trato Directo de forma directa: es el organismo quien decide, fundamenta y asume la responsabilidad legal de justificar por qué no correspondía licitar. Lo que sí puede hacer un proveedor es mantener visibilidad ante los organismos de su rubro, documentar su idoneidad técnica y estar disponible para cotizar rápidamente cuando surge una necesidad puntual.

El riesgo del fraccionamiento indebido

Un uso irregular que la normativa prohíbe expresamente es el fraccionamiento de compras: dividir artificialmente una adquisición en montos menores para evitar los umbrales que obligarían a licitar, y así justificar un Trato Directo o una Compra Ágil que en realidad debería haber sido una licitación pública. Este tipo de práctica es objeto de fiscalización activa por parte de Contraloría y puede derivar en responsabilidades administrativas para los funcionarios involucrados.

Trato Directo vs. licitación privada: no son lo mismo

Es común confundir el Trato Directo con la licitación privada, pero son mecanismos distintos. La licitación privada sigue siendo un proceso competitivo: el organismo invita a un número acotado de proveedores (generalmente un mínimo de tres) a presentar ofertas, y estas se evalúan según criterios preestablecidos, igual que en una licitación pública. El Trato Directo, en cambio, puede resolver la contratación con un solo proveedor, sin necesidad de comparar ofertas.

¿Cómo revisar los Tratos Directos publicados en tu rubro?

Dentro del buscador de Mercado Público puedes filtrar procesos por tipo de adquisición y seleccionar 'Trato o Contratación Directa'. Revisar periódicamente qué organismos han recurrido a este mecanismo en tu categoría UNSPSC te permite entender mejor la dinámica de compra de tu sector y, en algunos casos, identificar organismos con necesidades recurrentes de un tipo de proveedor específico.

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